La reunión en Santa Cruz. Lo que se habló, presencias y ausencias. La Presidenta en el centro de un debate con escasos precedentes o con ninguno. Las demandas empresariales, sus límites. Las réplicas de Cristina. Los reclamos sindicales: Ganancias, trabajo informal, no olvidar el pasado reciente. Continuidad posible y desafíos pendientes.
El encuentro realizado en Río Gallegos fue presidido (en más de una acepción de la palabra) por Cristina Fernández de Kirchner. Aun con ausencias importantes, es un hito inusual en el proceso democrático abierto en 1983. El cronista apela a la memoria de los lectores para que busquen una escena similar: un debate franco con agenda abierta entre la Presidenta y varias de las principales corporaciones empresarias y sindicales. Tal vez haya algún precedente perdido en la niebla del tiempo, posiblemente no. La comparación siempre es útil, cuando tanto se habla de la necesidad de diálogo e intercambios.
El kirchnerismo, le plazca a quien le plazca, abrió las puertas de la Casa de Gobierno a los organismos de derechos humanos, a los movimientos sociales, a las centrales de trabajadores. Hasta 2003 le estuvieron cerradas, se entornaron muy eventualmente. Con límites, contradicciones, errores y hasta retrocesos tácticos, pero la marca del oficialismo actual es incomparable con la de sus precursores, que ahora bregan por volver con rostros supuestamente nuevos, bien maquillados.
El discurso que prenunció la reunión tuvo un tono enfadado y poco conciliador: no era hospitalario respecto de los “dueños de la pelota”, ni siquiera sonaba confiado en el sentido de la convocatoria. El comienzo de la jornada en Santa Cruz pareció confirmar que la tenida no tendría voltaje político, concuerdan varios de sus asistentes. Un largo discurso de Cristina en “la previa” y otro ya con los participantes sentados a la mesa. Varios imaginaron que ése sería el saldo de la jornada: poca ida y vuelta, en un ámbito casi monopolizado por la oratoria presidencial. El saldo, empero, fue distinto a los prólogos. En esto coincidieron, en público y privado, contertulios de distintos “palos”.
Este cronista conversó informalmente con varios de ellos, la reseña que sigue conjuga y promedia sus miradas. Las citas que se hacen no son textuales (aun cuando se las encomille como recurso narrativo) porque no hay grabaciones accesibles. Pero sí responden a versiones coincidentes de funcionarios, empresarios y gremialistas. Las valoraciones que se mechan, claro, corren por cuenta del autor.
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El desafío de seguir: La Presidenta prometió continuidad en dos sentidos. Uno es el tratamiento específico de distintas temáticas, cotidiano, dentro del Gabinete y con los interesados. El otro es una secuencia de encuentros mensuales (apodémoslos “plenarios”) similares. En criollo, habrá uno antes de las elecciones generales. Y habrá que ver si “no decae” después. Sería más que deseable que se mantuvieran luego de la reconfiguración del escenario político que demarcará el pueblo soberano, insinuado el 11 de agosto.
Ya en el vuelo de regreso a Buenos Aires, Cristina Kirchner congregó a funcionarios comidiéndolos a labores varias, derivadas de las conversaciones. Una señal más que indica que la movida no fue un simulacro. El viernes convocó a Olivos a varios miembros del equipo económico (entre ellos la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont) y al ministro de Trabajo Carlos Tomada para acometer la implementación o discusión de fondo de medidas y reuniones futuras.
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Palabras cruzadas: Tras el speech inicial, la Presidenta fue concediendo el uso de la palabra y replicando casi uno a uno los planteos de los intervinientes. El trámite fue picadito, el esquema de conversación radial, con Cristina en el centro.
La primera parte sustantiva de la ronda se concedió a los líderes de las patronales, arrancando el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez.
La dirigencia corporativa patronal nacional no reluce en las conversaciones a cielo abierto. Lo suyo es el poder crudo y con frecuencia oculto, no los ámbitos democráticos.
Las limitaciones oratorias y la falta de perspectivas generales o de mediano plazo son una carencia extendida (no unánime) que viene de lejos. Se corroboró el miércoles, tanto puertas adentro cuanto en las intervenciones periodísticas previas y ulteriores.
Se fueron hilvanando reclamos con marcado sesgo sectorial casi todos instrumentales. Cristina los respondía de a uno, en fila india, apelando a un arsenal de cifras y argumentos que tenía in mente. Eventualmente pedía datos al viceministro de Economía, Axel Kicillof, o al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Cristina demarcó un horizonte temporal y político, en varias oportunidades. “Hasta que me vaya” (repitió) “olvídense de cambios de dirección, de devaluaciones o de búsqueda de crédito para endeudamiento financiero”. Asumió el límite terminal de su mandato (de modo enfático que se aborda también en recuadro aparte), lapso en que se conservará fiel a sus convicciones, como “me enseñó alguien que fue mi maestro”. El rumbo sostenido no implica que no haya cambios, subrayó en general y atendiendo a reclamos precisos.
Fue el caso de los pedidos para dinamizar importaciones, en el que insistieron los empresarios. Demasiadas trabas, adujeron, demasiados permisos frenados. La Presidenta controvirtió alguna minucia numérica y prometió dinamizar los trámites, matizando con una salvedad. “Algunas de esas salvaguardas funcionan como trabas paraarancelarias, pensadas para proteger la industria local. Cuando yo me vaya, si vienen los otros (aquellos a los que ustedes apoyan y votan), las trabas que los aquejan serán levantadas. Ni tendrá que hacerlo el gobierno, lo hará por él la Organización Mundial de Comercio”.
Cuando se habló de la demoras en reintegros y de los subsidios, se produjo uno de los contados chispazos entre las patronales más grandes. Juan Carlos Lascurain cuestionó que hubiera tratamientos y valores económicos similares para quienes comercian productos primarios o de escasa elaboración versus los que suman importante valor agregado. Méndez no acompañó esa diferencia, que Cristina aprobó de volea: algún cruce de la interna patronal recorrió el aire.
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, apuntó que la inversión en obra pública para su rubro es del 3 por ciento del PBI, cuando lo deseable sería el 12 por ciento. Mercader al fin, el hombre regateó un 6 por ciento y sugirió como medio para lograrlo un acuerdo pronto con el Club de París. La Presidenta detalló el afán de desendeudamiento del kirchnerismo, plasmado en acciones (y pagos) concretos. Pero remarcó que hay hostilidad de los organismos internacionales financieros que “no nos perdonan” el modelo elegido. Hizo un repaso por la situación internacional (con escalas en Egipto, la Unión Europea, Grecia, España y Alemania). Apenas en condicional, preanunció lo que sería la peor noticia de la semana para la Argentina: el fallo adverso de la Cámara de Nueva York en el juicio promovido por los fondos buitre. No hay obstinación contra el endeudamiento para producir o capitalizarse, sí un mercado que nos es hostil, adujo.
La Presidenta los alivió irónicamente de compromiso político con el Gobierno (“los conocemos”), les enrostró las recurrentes de capitales en períodos electorales. También incursionó en cuestiones más precisas. Le señaló a Daniel Funes de Rioja (UIA) que las empresas invierten sumas muy mínimas en capacitación del personal, lo exhortó a que las comparara con las vigentes en Alemania. Funes de Rioja (un cuadro gerencial que llegó a directivo) no perdió su apostura, su arrogancia ni sus modos paquetes pero no dio con una respuesta convincente.
Los líderes patronales gambetearon definiciones sobre las variaciones en el Impuesto a las Ganancias, que fue parte constante (aunque no la central) de los planteos de los gremialistas. Se expresó ahí la “doctrina Méndez”, profunda y altruista: “Si yo no tengo que poner nada, bienvenidas las quitas o las exenciones”.
Trabajo, informalidad, recuerdos del pasado: El secretario general de la Confederación General del Trabajo, Antonio Caló, hizo un introito, parco y ascético cual es su estilo público. Expresó que su principal preocupación y demanda es el trabajo, la conservación de los niveles de empleo. Como los demás dirigentes sindicales, pidió modificaciones relevantes en el Impuesto a las Ganancias para los laburantes.
El alegato más vibrante del sector y hasta del día, comentan propios y ajenos, corrió por cuenta de Ricardo Pignanelli. Increpó a los empresarios exigiéndoles definiciones y no vaguedades. “Hay que jugarse. No se puede volver al infierno que dejamos atrás.” El secretario general del Smata recorrió la curva histórica de su sindicato: potente en los ’70, desgajándose a partir de la dictadura, reducido a poco más de 20 mil afiliados a fin del siglo pasado, resucitado en esta etapa. Esa melodía, cara a los oídos de los funcionarios, se completó con vivencias, impresionistas y rotundas. Pignanelli evocó cuando sus compañeros mecánicos changueaban o cartoneaban para sobrevivir. O las aciagas jornadas de diciembre de 2001, en las que él mismo se dedicó a frenar a vecinos que se armaban para repeler a otros pobres, presuntamente atacantes y saqueadores. Ningún empresario recogió el guante, nadie refutó. Cristina alertó luego que “el infierno está a la vuelta de la esquina” si se varía el rumbo.
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, saludó levemente burlón la “extraña coincidencia en el rumbo”. Hizo escala en el Impuesto a las Ganancias. Y agregó un ítem central a la agenda: el ataque al trabajo informal. Marcó diferencias entre los números oficiales (32 por ciento de los trabajadores) contra los de su central (34 por ciento), remarcando que cualquiera de las dos es una urgencia social. Tomada tomó la posta del planteo. A Yasky le llegó el turno cuando el plenario entraba en su tramo final, por eso y por límites de tiempo no puso sobre la mesa una carpeta con la propuesta de reponer los aportes patronales. La mentó en reportajes ulteriores, incluyendo uno concedido a la Televisión Pública. Y será insumo de las reuniones que ya se están programando en Trabajo.
Ganancias y otros impuestos: La charla fue y volvió respecto del Impuesto a las Ganancias. La Presidenta sostuvo su argumento: no es posible una merma significativa si no se consiguen ingresos fiscales por otro lado. Echegaray apeló a la responsabilidad y calculó que un impuesto a los activos financieros no cubriría el bache. Algún empresario concordó con el recaudador y desaconsejó medidas solo “simbólicas”. Desde el espacio sindical se le replicó que lo simbólico es gravitante en política, que algunos pesos se conseguirían y que ese debería ser (nada más aunque nada más) que un paso adelante en una reforma fiscal progresiva imprescindible. Lo interesante, opina el cronista, es que estas modificaciones (cuya complejidad es innegable) no se abordaran desde la reducida mira de la AFIP, como entidad y de su titular, como portador de ideología.
Hubo recuerdos para Amalia Lacroze de Fortabat, que vendió parte de sus empresas a capitales brasileños sin pagar impuesto por la transferencia de las acciones. El banquero Jorge Brito, por años compañero de ruta del kirchnerismo, recibió varios rapapolvos propinados a repetición aunque sin violencia.
Es la política, caramba: La reunión tuvo límites de convocatoria, lo que coloca lejos del Consejo para el Acuerdo Social que se imaginó en 2007 o en 2011. Las patronales “del campo”, la Asociación Empresaria Argentina, la CGT conducida por Hugo Moyano y la CTA liderada por Pablo Micheli quedaron afuera, lo que restringe la representatividad, al limitado margen de lo posible en la coyuntura.
“Hubo buena onda”, propuso Méndez como saldo. Los sindicalistas comparten, mientras esperan una respuesta medianamente veloz respecto de Ganancias, sin imaginar cambios copernicanos o siquiera suficientes. Es acaso el único rubro de los muchos abordados que pueda concretarse antes del 27 de octubre.
El oficialismo afronta dos desafíos que convergen por un breve lapso: las elecciones y el resto del mandato hasta diciembre de 2015. Se trata de magnitudes diferentes, aunque tengan puntos en común. Para octubre debe concentrar sus esfuerzos para mejorar el resultado, es improbable que el cambio sea drástico. Para los años siguientes, máxime si conserva mayorías en el Congreso nacional, el reto es mayor. Algo se “teatralizó” el miércoles. El Gobierno tiene mejor propuesta, mucha mejor información que sus adversarios políticos o que los poderes fácticos. Pero eso no le basta para tener resueltos viejos problemas u otros de segunda generación. La inflación, la inseguridad, el trabajo informal, las restricciones a la compra de divisas, el amesetamiento de la mayoría de las variables económicas, sin agotar la lista.
A partir de noviembre deberá relanzarse con nuevas herramientas, seguramente con relevos e incorporaciones en su elenco. Advertir la apertura de una etapa distinta que exige la destreza de saber adecuarse.
Las políticas públicas son su territorio, el lugar en el que asentarse para sostener su prolongada y bien ganada legitimidad. El veredicto de las urnas le indicará, es inexorable, una mengua en la aprobación ciudadana. Recobrarla depende de colocarse en el centro de arena política: el plenario de Santa Cruz es un pequeño ejemplo del mejor terreno de disputa para el oficialismo. El Gobierno está “condenado”, en buena hora, a “hacer política”. El poder mediático quiere arrastrarlo a la lucha en el barro, a discutir una agenda pequeña y mal intencionada. Evitar obsesionarse con esa pelea y gobernar a su manera, escuchando los reclamos de la gente de a pie (más allá de las representaciones sectoriales) es el primer paso de un largo camino.
* Por Mario Wainfeld
