El 25 de agosto del corriente cerca de cuarenta vecinos residentes en la manzana comprendida entre las calles El Picaflor, Amenedo, El Benteveo y Sánchez, del Barrio Agustín Ramírez, de San José, se reunieron una vez más con el objeto de planear estrategias en defensa de sus casas, ante el reclamo judicial infundado de un particular, que amenaza con dejarlos literalmente en la calle.
Este Barrio, está protegido por una Ley de expropiación, cuyo proceso de ejecución está en curso. No obstante ello, los habitantes de la manzana mencionada, han comenzado a recibir cédulas judiciales y tarde o temprano si no se toman las medidas necesarias y pertinentes, el tema derivará en un desalojo masivo.
Estos vecinos hace años que vienen luchando, tocando puertas, pidiendo ayuda, para regularizar su situación, pero muchos han sido los obstáculos. Su propia desorganización, el costo económico que implica obtener asesoramiento profesional, y lamentablemente también, no faltaron las falsas promesas de individuos inescrupulosos que jugó con la necesidad de la gente.
Sin embargo soplan vientos de cambio. Estos vecinos ya no están solos, gracias a la intervención de funcionarios municipales, respaldados por la gestión del Intendente Darío Giustozzi, siempre preocupado por el bienestar de los ciudadanos, en especial de los que menos tienen.
La reunión del miércoles 25, fue producto de las gestiones conjuntas que vienen desarrollándose, desde hace meses, entre los algunos vecinos y el municipio. Muchas fueron las reuniones previas en la Dirección General de Tierras, donde los interesados acompañados por los Concejales Ángel Akike (FpV) y Roberto Bastanza (FpV), fueron recibidos por el Coordinador Legal de Tierras, Dr. Adrian Surace, el Director Gral., Alberto Mercer y su equipo técnico – profesional.
Gracias al asesoramiento y al apoyo incondicional de esta Dirección, así como al acompañamiento de los dos ediles, caracterizados por su fuerte compromiso social, hoy puede decirse con orgullo, que estos vecinos, inicialmente dispersos y reticentes pero agobiados frente a la posibilidad de perder su hogar, han logrado unirse, organizarse y constituir la Comisión Barrial “Todos por las Tierras” para seguir dando pelea.
En el transcurso de dicha reunión, Adrian Surace, explico al grupo de participantes las cuestiones técnicas y legales, las opciones posibles, las estrategias necesarias. Por su parte, los vecinos evacuaron dudas e hicieron sus propuestas para lograr su único objetivo: demostrar que son parte de los incluidos en la Ley de Expropiación y garantizar para ellos y sus hijos un techo seguro; techos, que además fueron construidos con enormes sacrificios y del trabajo duro de años.
El encuentro, se llevó a cabo en el domicilio de una de las integrantes de la flamante Comisión, en un clima de armonía, escucha y confianza, donde no faltó la calidez típica de nuestra gente, simbolizada en el mate amigo ofrecido.
Si bien, queda mucho por hacer, y los obstáculos no son pocos, esta experiencia demuestra que, cuando la gente se organiza, y el Estado responde a la altura de las circunstancias, las chances de llegar a la meta aumentan considerablemente.
Es necesario mencionar, que éste es un problema, un conflicto entre particulares, en el cual el municipio como tal, no tiene la facultad de intervenir directa y ampliamente a favor del derecho a la propiedad y a la vivienda de los vecinos del Agustín Ramírez afectados por la demanda judicial. No obstante, está ofreciendo todo lo que está a su alcance demostrando que está en el lado correcto: junto a su gente.
Esta problemática data de años, y sin embargo, nunca antes desde los gobiernos locales de turno se han ocupado de ello con la seriedad que merece. Es evidente, que, cuando hay decisión política, cuando una gestión como la de Darío Giustozzi, es parte de un modelo de inclusión social, el gobierno está presente y ofrece - como en este caso – los recursos disponibles, su palabra y su acción a favor del pueblo.
Estos vecinos hace años que vienen luchando, tocando puertas, pidiendo ayuda, para regularizar su situación, pero muchos han sido los obstáculos. Su propia desorganización, el costo económico que implica obtener asesoramiento profesional, y lamentablemente también, no faltaron las falsas promesas de individuos inescrupulosos que jugó con la necesidad de la gente.
Sin embargo soplan vientos de cambio. Estos vecinos ya no están solos, gracias a la intervención de funcionarios municipales, respaldados por la gestión del Intendente Darío Giustozzi, siempre preocupado por el bienestar de los ciudadanos, en especial de los que menos tienen.
La reunión del miércoles 25, fue producto de las gestiones conjuntas que vienen desarrollándose, desde hace meses, entre los algunos vecinos y el municipio. Muchas fueron las reuniones previas en la Dirección General de Tierras, donde los interesados acompañados por los Concejales Ángel Akike (FpV) y Roberto Bastanza (FpV), fueron recibidos por el Coordinador Legal de Tierras, Dr. Adrian Surace, el Director Gral., Alberto Mercer y su equipo técnico – profesional.
Gracias al asesoramiento y al apoyo incondicional de esta Dirección, así como al acompañamiento de los dos ediles, caracterizados por su fuerte compromiso social, hoy puede decirse con orgullo, que estos vecinos, inicialmente dispersos y reticentes pero agobiados frente a la posibilidad de perder su hogar, han logrado unirse, organizarse y constituir la Comisión Barrial “Todos por las Tierras” para seguir dando pelea.
En el transcurso de dicha reunión, Adrian Surace, explico al grupo de participantes las cuestiones técnicas y legales, las opciones posibles, las estrategias necesarias. Por su parte, los vecinos evacuaron dudas e hicieron sus propuestas para lograr su único objetivo: demostrar que son parte de los incluidos en la Ley de Expropiación y garantizar para ellos y sus hijos un techo seguro; techos, que además fueron construidos con enormes sacrificios y del trabajo duro de años.
El encuentro, se llevó a cabo en el domicilio de una de las integrantes de la flamante Comisión, en un clima de armonía, escucha y confianza, donde no faltó la calidez típica de nuestra gente, simbolizada en el mate amigo ofrecido.
Si bien, queda mucho por hacer, y los obstáculos no son pocos, esta experiencia demuestra que, cuando la gente se organiza, y el Estado responde a la altura de las circunstancias, las chances de llegar a la meta aumentan considerablemente.
Es necesario mencionar, que éste es un problema, un conflicto entre particulares, en el cual el municipio como tal, no tiene la facultad de intervenir directa y ampliamente a favor del derecho a la propiedad y a la vivienda de los vecinos del Agustín Ramírez afectados por la demanda judicial. No obstante, está ofreciendo todo lo que está a su alcance demostrando que está en el lado correcto: junto a su gente.
Esta problemática data de años, y sin embargo, nunca antes desde los gobiernos locales de turno se han ocupado de ello con la seriedad que merece. Es evidente, que, cuando hay decisión política, cuando una gestión como la de Darío Giustozzi, es parte de un modelo de inclusión social, el gobierno está presente y ofrece - como en este caso – los recursos disponibles, su palabra y su acción a favor del pueblo.
A mediados del mes de marzo de del corriente año, una Oficial de Justicia escoltada por una patrulla de la policía bonaerense, se hizo presente en el Barrio Agustín Ramírez de San José, situación que fue recibida con desconfianza y alarma por los vecinos.
No pasó mucho tiempo para que los mismos se auto convocaran en un intento por defenderse de lo que consideraban una maniobra que los perjudicaría en su lucha de años por regularizar la tenencia de su tierra.
La Oficial de Justicia, tenía como misión cumplir con la orden del Juez que entienden en la causa en la cual un tercero demanda a un grupo de vecinos alegando ser el dueño.
La tarea que le fue encomendada consistía en un relevamiento para saber quienes ocupaban las parcelas reclamadas en la demanda mencionada.
Cabe recordar que estos terrenos, son parte de una ley de expropiación en curso. Sin embargo, tantos fueron los años transcurridos, tanto los personajes oportunistas que se acercaron con falsas promesas y confusos argumentos seguido de olvidos que los vecinos, con justa razón intentaron impedir la acción judicial encuadrada en un procediendo de rutina.
Sin saber a ciencia cierta a qué se enfrentaban, pidieron la presencia del concejal Akike, quien conoce a fondo la historia y la lucha de esta gente, y los acompaña desde hace un tiempo en la búsqueda de una solución a este grave problema.
Los vecinos se pronunciaron y manifestaron su angustia y recelo, con frases tales como: “Este señor (el demandante) es un estafador, reclama algo que no es suyo”; “que vengan con la policía es un apriete, ¿Por qué vamos a darles información? ¿Para que la usen en nuestra contra?”; “muchos de nosotros pagamos durante años, y cuando quisimos escriturar, no pudimos hacerlo, nos enteramos que fue una gran estafa”; “nosotros queremos pagar, hace mas de 20 años que vivimos aquí, estábamos tranquilos con la ley de expropiación y ahora esto”…
Estos y otros dichos, pusieron de manifiesto la urgente necesidad de asesoramiento legal y técnico, pues el desconocimiento, la falta de organización barrial, y la desconfianza acumulada, no solo obstaculiza sino que empeora el problema.
El concejal, intervino hablando con los vecinos e intermediando para que entiendan que acceder al relevamiento, en primer término no era opcional, y en segundo no implicaba reconocer o aceptar los términos del demandante; antes bien los favorecía al demostrar que efectivamente están hace años allí, y sobre todas las cosas, que sus tierras están incluidas en la ley que -luego del proceso administrativo correspondiente- les permitirá acceder a un título de propiedad, asegurando para ellos y sus hijos un hogar.
No pasó mucho tiempo para que los mismos se auto convocaran en un intento por defenderse de lo que consideraban una maniobra que los perjudicaría en su lucha de años por regularizar la tenencia de su tierra.
La Oficial de Justicia, tenía como misión cumplir con la orden del Juez que entienden en la causa en la cual un tercero demanda a un grupo de vecinos alegando ser el dueño.
La tarea que le fue encomendada consistía en un relevamiento para saber quienes ocupaban las parcelas reclamadas en la demanda mencionada.
Cabe recordar que estos terrenos, son parte de una ley de expropiación en curso. Sin embargo, tantos fueron los años transcurridos, tanto los personajes oportunistas que se acercaron con falsas promesas y confusos argumentos seguido de olvidos que los vecinos, con justa razón intentaron impedir la acción judicial encuadrada en un procediendo de rutina.
Sin saber a ciencia cierta a qué se enfrentaban, pidieron la presencia del concejal Akike, quien conoce a fondo la historia y la lucha de esta gente, y los acompaña desde hace un tiempo en la búsqueda de una solución a este grave problema.
Los vecinos se pronunciaron y manifestaron su angustia y recelo, con frases tales como: “Este señor (el demandante) es un estafador, reclama algo que no es suyo”; “que vengan con la policía es un apriete, ¿Por qué vamos a darles información? ¿Para que la usen en nuestra contra?”; “muchos de nosotros pagamos durante años, y cuando quisimos escriturar, no pudimos hacerlo, nos enteramos que fue una gran estafa”; “nosotros queremos pagar, hace mas de 20 años que vivimos aquí, estábamos tranquilos con la ley de expropiación y ahora esto”…
Estos y otros dichos, pusieron de manifiesto la urgente necesidad de asesoramiento legal y técnico, pues el desconocimiento, la falta de organización barrial, y la desconfianza acumulada, no solo obstaculiza sino que empeora el problema.
El concejal, intervino hablando con los vecinos e intermediando para que entiendan que acceder al relevamiento, en primer término no era opcional, y en segundo no implicaba reconocer o aceptar los términos del demandante; antes bien los favorecía al demostrar que efectivamente están hace años allí, y sobre todas las cosas, que sus tierras están incluidas en la ley que -luego del proceso administrativo correspondiente- les permitirá acceder a un título de propiedad, asegurando para ellos y sus hijos un hogar.
