GRACIAS NESTOR!!!

Quisiera que me recuerden sin llorar
ni lamentarme
quisiera que me recuerden por haber hecho caminos
por haber marcado un rumbo
porque emocioné su alma
porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados
porque interpreté sus ansias
porque canalicé su amor.
Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices
la seguridad de los justos
el sufrimiento de los humildes.
Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores
con comprensión por mis debilidades
con cariño por mis virtudes,
si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre.

El poema "Quisiera que me recuerden", escrito por Joaquín Enrique Areta, es una recopilación de textos de escritoras y escritores desaparecidos durante la dictadura militar y fue leído por el Néstor Kirchner en el marco de la Feria del Libro del año 2005.

VECINOS DEL B° AGUSTIN RAMIREZ LUCHAN POR SU HOGAR Y NO ESTAN SOLOS

El 25 de agosto del corriente cerca de cuarenta vecinos residentes en la manzana comprendida entre las calles El Picaflor, Amenedo, El Benteveo y Sánchez, del Barrio Agustín Ramírez, de San José, se reunieron una vez más con el objeto de planear estrategias en defensa de sus casas, ante el reclamo judicial infundado de un particular, que amenaza con dejarlos literalmente en la calle.

Este Barrio, está protegido por una Ley de expropiación, cuyo proceso de ejecución está en curso. No obstante ello, los habitantes de la manzana mencionada, han comenzado a recibir cédulas judiciales y tarde o temprano si no se toman las medidas necesarias y pertinentes, el tema derivará en un desalojo masivo.
Estos vecinos hace años que vienen luchando, tocando puertas, pidiendo ayuda, para regularizar su situación, pero muchos han sido los obstáculos. Su propia desorganización, el costo económico que implica obtener asesoramiento profesional, y lamentablemente también, no faltaron las falsas promesas de individuos inescrupulosos que jugó con la necesidad de la gente.
Sin embargo soplan vientos de cambio. Estos vecinos ya no están solos, gracias a la intervención de funcionarios municipales, respaldados por la gestión del Intendente Darío Giustozzi, siempre preocupado por el bienestar de los ciudadanos, en especial de los que menos tienen.
La reunión del miércoles 25, fue producto de las gestiones conjuntas que vienen desarrollándose, desde hace meses, entre los algunos vecinos y el municipio. Muchas fueron las reuniones previas en la Dirección General de Tierras, donde los interesados acompañados por los Concejales Ángel Akike (FpV) y Roberto Bastanza (FpV), fueron recibidos por el Coordinador Legal de Tierras, Dr. Adrian Surace, el Director Gral., Alberto Mercer y su equipo técnico – profesional.
Gracias al asesoramiento y al apoyo incondicional de esta Dirección, así como al acompañamiento de los dos ediles, caracterizados por su fuerte compromiso social, hoy puede decirse con orgullo, que estos vecinos, inicialmente dispersos y reticentes pero agobiados frente a la posibilidad de perder su hogar, han logrado unirse, organizarse y constituir la Comisión Barrial “Todos por las Tierras” para seguir dando pelea.
En el transcurso de dicha reunión, Adrian Surace, explico al grupo de participantes las cuestiones técnicas y legales, las opciones posibles, las estrategias necesarias. Por su parte, los vecinos evacuaron dudas e hicieron sus propuestas para lograr su único objetivo: demostrar que son parte de los incluidos en la Ley de Expropiación y garantizar para ellos y sus hijos un techo seguro; techos, que además fueron construidos con enormes sacrificios y del trabajo duro de años.
El encuentro, se llevó a cabo en el domicilio de una de las integrantes de la flamante Comisión, en un clima de armonía, escucha y confianza, donde no faltó la calidez típica de nuestra gente, simbolizada en el mate amigo ofrecido.
Si bien, queda mucho por hacer, y los obstáculos no son pocos, esta experiencia demuestra que, cuando la gente se organiza, y el Estado responde a la altura de las circunstancias, las chances de llegar a la meta aumentan considerablemente.
Es necesario mencionar, que éste es un problema, un conflicto entre particulares, en el cual el municipio como tal, no tiene la facultad de intervenir directa y ampliamente a favor del derecho a la propiedad y a la vivienda de los vecinos del Agustín Ramírez afectados por la demanda judicial. No obstante, está ofreciendo todo lo que está a su alcance demostrando que está en el lado correcto: junto a su gente.
Esta problemática data de años, y sin embargo, nunca antes desde los gobiernos locales de turno se han ocupado de ello con la seriedad que merece. Es evidente, que, cuando hay decisión política, cuando una gestión como la de Darío Giustozzi, es parte de un modelo de inclusión social, el gobierno está presente y ofrece - como en este caso – los recursos disponibles, su palabra y su acción a favor del pueblo.

A mediados del mes de marzo de del corriente año, una Oficial de Justicia escoltada por una patrulla de la policía bonaerense, se hizo presente en el Barrio Agustín Ramírez de San José, situación que fue recibida con desconfianza y alarma por los vecinos.
No pasó mucho tiempo para que los mismos se auto convocaran en un intento por defenderse de lo que consideraban una maniobra que los perjudicaría en su lucha de años por regularizar la tenencia de su tierra.
La Oficial de Justicia, tenía como misión cumplir con la orden del Juez que entienden en la causa en la cual un tercero demanda a un grupo de vecinos alegando ser el dueño.
La tarea que le fue encomendada consistía en un relevamiento para saber quienes ocupaban las parcelas reclamadas en la demanda mencionada.
Cabe recordar que estos terrenos, son parte de una ley de expropiación en curso. Sin embargo, tantos fueron los años transcurridos, tanto los personajes oportunistas que se acercaron con falsas promesas y confusos argumentos seguido de olvidos que los vecinos, con justa razón intentaron impedir la acción judicial encuadrada en un procediendo de rutina.
Sin saber a ciencia cierta a qué se enfrentaban, pidieron la presencia del concejal Akike, quien conoce a fondo la historia y la lucha de esta gente, y los acompaña desde hace un tiempo en la búsqueda de una solución a este grave problema.
Los vecinos se pronunciaron y manifestaron su angustia y recelo, con frases tales como: “Este señor (el demandante) es un estafador, reclama algo que no es suyo”; “que vengan con la policía es un apriete, ¿Por qué vamos a darles información? ¿Para que la usen en nuestra contra?”; “muchos de nosotros pagamos durante años, y cuando quisimos escriturar, no pudimos hacerlo, nos enteramos que fue una gran estafa”; “nosotros queremos pagar, hace mas de 20 años que vivimos aquí, estábamos tranquilos con la ley de expropiación y ahora esto”…
Estos y otros dichos, pusieron de manifiesto la urgente necesidad de asesoramiento legal y técnico, pues el desconocimiento, la falta de organización barrial, y la desconfianza acumulada, no solo obstaculiza sino que empeora el problema.
El concejal, intervino hablando con los vecinos e intermediando para que entiendan que acceder al relevamiento, en primer término no era opcional, y en segundo no implicaba reconocer o aceptar los términos del demandante; antes bien los favorecía al demostrar que efectivamente están hace años allí, y sobre todas las cosas, que sus tierras están incluidas en la ley que -luego del proceso administrativo correspondiente- les permitirá acceder a un título de propiedad, asegurando para ellos y sus hijos un hogar.

82 por ciento: Móvil de extrañas convergencias

Por Hugo Yasky, Secretario general de la CTA

Bertolt Brecht decía que “en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, nada debe parecer natural”.
El domingo pasado, el presidente de Ecuador hacía alusión a la extraña convergencia en el asedio al hospital del que finalmente fuera rescatado, entre policías golpistas adiestrados por la CIA, patrullas perdidas de la izquierda y exponentes de las clases altas quiteñas.
No pude dejar de pensar en otra extraña convergencia, la del acto frente al Monumento de los Españoles durante el conflicto por la 125.
El miércoles, un titulo de Clarín digital nos puso ante una nueva y extraña convergencia: “Barrionuevo, Venegas y la CTA marchan al Congreso para apoyar la sanción del ’82 por ciento” (leer nota). Luis Barrionuevo, que en los ’90 defendió la privatización del sistema jubilatorio, con Venegas, que representa a trabajadores rurales, en los que la informalidad supera el 90 por ciento. Ambos personajes –informaba Clarín– coincidían con Víctor De Gennaro y Carlos Chile, en el apoyo a la aprobación del proyecto de ley fogoneado por el Grupo A. Extraña convergencia. El Grupo A integrado casi en su totalidad por quienes denunciaban la reestatización del sistema jubilatorio como una medida atentatoria contra la seguridad jurídica reclamada por los grupos empresarios.
Un inadvertido podría pensar que “es natural que confluyan estos tipos detrás de una causa loable como la de los jubilados”. Sin embargo, cuando algunos trabajan para organizar la confusión lo mejor es no aceptar como natural lo que se sabe que no lo es.
En primer lugar hay que consignar que si hoy la Argentina tiene el sistema previsional más igualitario de América latina, con la tasa de cobertura más alta de la historia, es porque los fondos ya no están en los paraísos fiscales sino que fueron recuperados para el sector público. Y éste no es un dato menor, porque con las cuentas en las Islas Caimán la movilidad jubilatoria era igual a cero. Este es el drama que hoy afrontan diez naciones de América latina que, tal como sucedió aquí, fueron empujadas por el FMI y sus socios locales a seguir el “exitoso” modelo chileno. La creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fue una conquista social de la lucha de la clase trabajadora que posibilitó volver a tener un régimen solidario financiado a través de la transferencia intergeneracional. Los que hoy hablan con tono plañidero de “la plata de los jubilados” prefieren olvidarse de este pequeño detalle. ¿Por qué?
Cuando hace más de un año impulsamos desde la CTA elevar la jubilación básica llevándola al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, propusimos como fuente de recursos la restitución de los aportes patronales que representaba en ese momento una cifra cercana a los 20 mil millones de pesos, lo cual garantizaba la sustentabilidad del incremento de los haberes jubilatorios. Jamás fuimos convocados por ninguno de los legisladores que ahora terminaron votando una movilidad que no prevé cómo financiarla. ¿Se puede ser tan inocente como para creer que algo tan simple y evidente como la restitución de las contribuciones patronales se les pueda haber pasado por alto? ¿O es que contra los empresarios cuyos intereses representan, como lo demostraran con la Resolución 125, no están dispuestos a votar ni leyes de fogueo como éstas?
El investigador Damián Panigo (Conicet-Instituto Ceil-Piette) desnuda en una investigación sobre la ley un costado que descascara el contenido supuestamente progresista que algunos pretenden atribuirle. Al analizar los efectos que tendrían los artículos 5, 6 y 7 (ajustes Elif, Sánchez y Badaro, respectivamente) demuestra que la mayor inversión de recursos estará dirigida a incrementar las jubilaciones más altas, impulsando hacia arriba los haberes jubilatorios de los sectores con mayores ingresos, reproduciendo entre los pasivos la misma brecha de la de-sigualdad que se da entre los activos.
De esta manera esta ley retoma la vieja tradición conservadora que marcó el inicio del sistema jubilatorio argentino desde principios de siglo hasta la llegada del peronismo en 1945. En una investigación de Cifra se señala que hacia fines de los años treinta se terminó de consolidar un sistema jubilatorio “que se regía por la lógica de la capitalización individual”. Es decir, a altos salarios correspondían altas jubilaciones; a bajos salarios, bajas jubilaciones y a quienes no aportaban por su condición de semiesclavitud, la nada. A partir de 1944, con Perón en la Secretaría de Trabajo, se dio un primer cambio importante, con la extensión de la cobertura al conjunto de los trabajadores. Pero recién a fines del segundo gobierno peronista, con la sanción de la Ley 14.370 en 1954, se produjo un cambio revolucionario estableciéndose la lógica de reparto solidario como principio rector del régimen jubilatorio, dejando atrás el sistema de capitalización individual acuñado durante el período conservador. El elemento más progresivo del cambio consistió en que “los trabajadores con ingresos bajos y medios obtendrían tasas de sustitución del salario mucho más altas que las de los trabajadores de mayores ingresos. Es decir, los trabajadores de menores salarios percibirían un beneficio jubilatorio superior al que les correspondería por la magnitud de sus aportes al sistema”.
En la evolución de la línea histórica recorrida por el sistema jubilatorio argentino, la ley aprobada significa un retroceso que nos ubica nuevamente en la concepción conservadora individual-no solidaria, de reproducir entre los pasivos la misma desigualdad que entre los activos. Esto nos pone en el camino de regreso hacia la capitalización individual.
Así, la ley que se votó, en primer lugar, no resuelve nada, ya que no avanza en el principio distributivo de sacarles a los que más tienen para darles a los que menos tienen. En segundo lugar, relativiza la verdadera urgencia social –en esto se pone a la par del Gobierno– que es elevar la jubilación básica de apenas $1046 que hoy cobra cerca del 75 por ciento de los pasivos del país. Y en tercer lugar, es regresiva en tanto significaría volver al esquema de jubilaciones de privilegio para pocos y jubilaciones pobres para todos los demás.
Visto desde esta perspectiva, queda claro por qué quienes fueron parte de la privatización del sistema y quienes después se opusieron a la recuperación del sistema público de reparto solidario votaron esta ley, en un acto de especulación política pero no de incoherencia con su ideología. Lo que no queda claro es qué hacen entremezclados con ellos los que supieron luchar desde la orilla opuesta, cuando no hace mucho reivindicábamos el papel del Estado para asegurar derechos ciudadanos de carácter universal como principal estrategia de la lucha contra la desigualdad.

Fuente: Página 12

Columna de Opinión

EL TIEMPO LO DIRÁ:

Milagro Sala, una de las fundadoras de la CTA, es una compañera, a quien sin conocerla mucho, se la quiere y se la respeta, porque se lo ha ganado. Prácticamente de la nada, hoy dirige un movimiento social surgido al calor de la CTA. Sin embargo abandona ese espacio, y lo deja con manifiesta pena.
Tal vez por eso, la angustia y desazón que se siente al pensar que no se jugó, sabiéndola una de las más valientes luchadoras, o si se quiere, equivocó la estrategia política, en su intento de unificar la Central.
Ingenuidad desmedida, idealismo extremo, traición… muchas han sido las expresiones escuchadas a partir de la decisión de la Tupac Amaru, movimiento alineado con el proyecto kirchnerista, pero que con su accionar ha favorecido a la fracción que hizo del antikirchnerismo un lema de campaña.
Contradicciones propias de todo proceso en movimiento o una lógica que la política tradicional no logra entender… el tiempo lo dirá.
Pero, mas allá de las diferencias que circunstancialmente podamos tener, espero y creo que la coherencia nos seguirá juntando, por la defensa de la democracia y la profundización de los procesos populares en América Latina, por la distribución de la riqueza, por la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, por la libertad sindical, por un país para todos.

Angel Akike